La última carta que le queda al alcalde Gustavo Petro para impedir el regreso de la fiesta brava a la plaza de toros de Santamaría está en manos del Ministerio de Cultura. La decisión de la Corte Constitucional a favor de la Corporación Taurina de Bogotá le cerró caminos como cambiar el uso de la plaza o arrendársela a otras entidades.
No obstante, como lo contó El Espectador, en noviembre de 2013 la Alcaldía le entregó a la Corte Constitucional los estudios que demostrarían que la plaza presenta “alto nivel de vulnerabilidad sísmica”, en el que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) invirtió cerca de $900 millones. Este año se lo presentó al Ministerio de Cultura para conseguir los permisos para comenzar con las obras.
Ahora las miradas apuntan a la Dirección de Patrimonio del Mincultura, que debe emitir en los próximos 10 días un concepto sobre la solicitud del Distrito. Voceros del Ministerio le dijeron a este diario que “la plaza sí requiere un reforzamiento independiente de su uso. Se está revisando el proyecto que presentó el Distrito. Las etapas posteriores se deben adecuar en lo arquitectónico al fallo de la Corte”. Es decir, la plaza debe preservar su carácter taurino. Además, señalaron que “el reforzamiento es obligatorio, por el avanzado estado de deterioro y es necesario para adaptar esta edificación patrimonial a las normas de sismorresistencia”.
Si el Distrito obtiene la aprobación del Ministerio, tendrá que adelantar dos procesos de contratación: uno para la obra y otro para la interventoría. Según el IDPC, el reforzamiento puede tardar hasta dos años y su valor sería cercano a los $7.000 millones. Como la plaza la entregarían en la próxima administración, el plan para evitar las corridas durante la “Bogotá Humana” sería exitoso. Sin embargo, esto se puede complicar. Por un lado, la Corte Constitucional le ordenó al Distrito reanudar las corridas máximo en seis meses y fue clara en que debe “abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino”.
La Secretaría General, el alcalde y el equipo del sector cultura evalúan como resolver este dilema. En su cuenta de Twitter, Gustavo Petro dijo que “por cumplir sentencia de la Corte Constitucional fui destituido. Bogotá Humana cumple todos los fallos de la Corte”. Una opción, entonces, sería retirar los estudios y abrir la plaza como está. Frente a este punto, la Corte no arrojó mayor claridad: “La Sala se abstuvo de pronunciarse sobre los aspectos de tipo patrimonial”, que competen a otras jurisdicciones.
El presidente de la Corporación Taurina, Felipe Negret, calificó las obras de restauración de la plaza como una “excusa para pasarse por alto la sentencia. El alcalde está induciendo a un error al Ministerio de Cultura y está al borde de infringir el Código Penal por fraude en resolución judicial. Es muy sospechoso que la doctora Martha Lucía Zamora no haya respondido nuestro derecho de petición para conocer los estudios de restauración. No creemos que sean estudios parciales, y por eso le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que emita un concepto”.
El Espectador tuvo acceso a los estudios presentados por el Distrito. Por un lado está el respaldo de un concepto técnico emitido en septiembre de 2013 por el ingeniero civil Mauricio Páez, de la firma Ingeniería Diseño y Construcción, que calificó el estado actual de la plaza como “regular”. Confirmó, además, que “el edificio es vulnerable porque está por debajo de los niveles de seguridad definidos en la norma vigente”. Los muros divisorios y de fachadas, dice el concepto, “presentan un deterioro progresivo”.
A este concepto se suman dos diagnósticos emitidos por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae). Uno de estos, publicado en enero de 2011, señala que “la estabilidad estructural se encuentra comprometida por causa de las afectaciones relacionadas con agrietamientos de muros”. El segundo fue emitido en abril de 2013 y reporta el “deterioro en vigas en la zona denominada de acceso a los toriles”.
Por último, aparecen dos estudios realizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en 2002. Ambos concluyeron que debían tomarse restricciones para que el público no corriera peligro. La razón: desde que fue construida la plaza no se han adelantado obras de reforzamiento estructural. De hecho, los estudios señalan que “de acuerdo con el análisis histórico, se encontró que la zona de palcos no fue construida en la primera etapa de la plaza, sino en una segunda, utilizando materiales de deficiente calidad y sin la continuidad estructural requerida”.
Al margen de esta discusión arquitectónica están los grupos antitaurinos, que en la tarde de ayer le exigieron al alcalde Gustavo Petro que solicite la nulidad de la sentencia y que realice, cuanto antes, una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida si se prohíbe la fiesta brava en la capital.
Fuente: www.elespectador.com
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